Para sobrellevar la crisis de salud provocada por el COVID-19, la mayoría de los inmigrantes con residencia permanente en este país pueden beneficiarse del pago por desempleo y de la ayuda aprobada por el Congreso de la Unión. Algunos con un permiso de trabajo temporal, como los que solicitan asilo, también pueden pedir ambas formas de apoyo económico. Pero los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a ninguna ayuda, incluso si pagan impuestos.

La pandemia hizo estragos en sectores de la economía dominados por la mano de obra indocumentada: muchos restaurantes, hoteles, servicios de limpieza de oficinas, cuidadoras de niños, peluquerías y centros de belleza, entre otros, han cerrado sus puertas porque las autoridades no los consideran esenciales.

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center (Centro de Investigaciones Pew) realizado en marzo pasado, cerca de la mitad de los hispanos entrevistados (el 49%), dijo que alguien en su hogar había tenido un recorte de sueldo o había perdido su empleo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Un análisis reciente del Centro Pew basado en estadísticas del Censo encontró que ocho millones de hispanos tenían una alta posibilidad de perder sus empleos en el sector de servicios.

Sin embargo, la mayoría de estas personas se adaptaron de inmediato a la nueva realidad, impulsados por la necesidad: de camareros a trabajar en una lavandería; de hacer manicure a repartir comida a domicilio; de limpiar casas a coser mascarillas. En todo el país, son más los inmigrantes con nuevos trabajos que dicen estar agradecidos de tener un empleo durante la pandemia, aún cuando ponen en riesgo sus vidas.

EL DATO

El Migration Policy Institute considera que el 20% de los trabajadores estadounidenses operan en industrias vulnerables donde se esperan despidos masivos de inmigrantes a pesar de que éstos representan sólo el 17% del total de la fuerza laboral.