Funcionarios del Immigration and Customs Enforcement (ICE) anunciaron que están considerando liberar a algunos indocumentados detenidos con alto riesgo de infección del COVID-19, como consecuencia de los contagios registrados entre los inmigrantes aprehendidos y el personal de diversos centros de detención.

Esta decisión tuvo la presión del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, y de la presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía, Zoe Lofgren. A través de una carta, ambos pidieron una reducción en el número total de detenidos, dejando que ICE analice la liberación de personas que no representen una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.

“Las agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley reconocen la creciente amenaza de COVID-19 en los centros de detención de nuestra nación. Como detenidos civiles, las personas bajo custodia de ICE tienen derecho a un tratamiento más considerado que los criminales detenidos, cuyas condiciones de reclusión están diseñadas para castigar”, explica la carta de los legisladores.

De inmediato, y como consecuencia de la presión política y de diversas organizaciones civiles, la agencia federal dio instrucciones a sus oficinas en todo el país para considerar la liberación de detenidos con un mayor riesgo de contraer la enfermedad respiratoria que tiene el potencial de ser mortal.

Entre el grupo de personas que ICE informó que consideraría están aquellos con mayor riesgo de contraer el COVID-19, como mujeres embarazadas y detenidos de sesenta años o más.

Al cierre de esta edición, la agencia federal tenía identificados, al menos, a seiscientos detenidos que consideraba vulnerables, liberando a ciento sesentas personas de la custodia. Todos deberán usar pulseras de tobillo o estar sujetos a otras formas de monitoreo.

EL DATO

ICE contempla liberar solo a 600 inmigrantes indocumentados de las más de 35,000 personas que tiene detenidas.