El primer año fiscal completo de la Administración Trump registró un gran aumento en el número de personas arrestadas y procesadas penalmente por delitos migratorios, como ser deportado y reingresar al país ilegalmente, según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

El número de arrestos penales federales por delitos de inmigración se incrementó de 58,031 en el año fiscal 2017 a 108,667 en el año fiscal 2018, cifra considerablemente más alta que en cualquier otro año fiscal en dos décadas. Siguiendo la misma trayectoria, el número de sospechosos procesados penalmente por delitos migratorios aumentó un 66% entre el año fiscal 2017 y 2018, pasando de 59,797 a 99,479, registrando también un nuevo máximo de las últimas dos décadas.

El de las cifras son consecuencia de los cambios recientes en las políticas migratorias que tienen el objetivo de someter a la mayor cantidad de personas que cruzan la frontera a sanciones penales en lugar de civiles. Es importante recordar que los asuntos de inmigración civil se escuchan en los tribunales administrativos, administrados por el Departamento de Justicia y pueden dar lugar a la deportación. Los asuntos penales de inmigración se escuchan en los tribunales federales de primera instancia y pueden resultar en encarcelamiento antes de la deportación.