La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó un demanda contra una controvertida práctica del Gobierno Federal que afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes: la revisión sin orden judicial de teléfonos celulares y computadoras portátiles de viajeros en los aeropuertos y cruces fronterizos que casi se ha cuadruplicado desde 2015.ACLU agregó que los agentes de la CPB y del ICE no solo pueden mantener la información obtenida de los dispositivos, sino también compartirla con otros organismos gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero.

ACLU solicitó un juicio sumario en su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional después de que su proceso de descubrimiento reveló políticas de gran alcance para búsquedas ‘sin orden judicial y sin sospecha’.

El Gobierno Federal ha defendido vigorosamente las búsquedas, que aumentaron a 33,295 en el año fiscal 2018, como una herramienta crítica para proteger al país. Sin embargo, los documentos recientemente presentados afirman que el alcance de las búsquedas sin orden judicial se ha ampliado para hacer cumplir las leyes de impuestos, quiebras, protección del medio ambiente y del consumidor, recopilar información y avanzar en las investigaciones en curso de aplicación de la ley. La moción de juicio de ACLU argumenta que las búsquedas violan los derechos de la Cuarta Enmienda que impiden búsquedas y confiscaciones no razonables.

EL DATO

La revisión indiscriminada de dispositivos electrónicos sin orden judicial es

inconstitucional.