En momentos en que la Administración Trump da una pelea continua por lograr un acuerdo favorable para la construcción de un muro fronterizo entre este país y México, también se registra la agilización de políticas migratorias que permiten un aumento considerable en la detención de indocumentados.

Al respecto, las organizaciones Justice Strategies y Grassroots Leadership publicaron nuevas estadísticas que demuestran que la política de ‘tolerancia cero’ de la Administración Trump ha generado una aceleración considerable en la criminalización de los inmigrantes, tanto en la frontera sur como en todo el territorio nacional.

Esta política, implementada desde abril del 2018 por el Departamento de Justicia, permite tratar a los indocumentados que intentan ingresar al país ilegalmente como culpables de delitos por los que deben ser juzgados. Desde entonces, más de 109,000 inmigrantes indocumentados fueron procesados por ingreso y/o reingreso indebido, disparando los procesos de inmigrantes a niveles históricamente altos.

Los procesos penales que afrontan los inmigrantes, especialmente por ingreso indebido al país, alcanzaron su punto máximo durante la crisis de separación de familias en mayo y junio del 2018, que fue provocada por la decisión del entonces fiscal general Jeff Sessions de implementar una política migratoria de ‘tolerancia cero’.

“Percibimos un aumento considerable de la criminalización de los inmigrantes que buscan ingresar al país, tanto en la frontera sur como en todos los Estados de la Unión, como consecuencia de las estrictas políticas antiinmigrantes que han sido devastadoras para las familias inmigrantes y abrumadoras para los tribunales federales”, comenta para El Mundo Newspaper, Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership.

El verano pasado (2018), los inmigrantes que buscaban cruzar la frontera sin los documentos pertinentes fueron enjuiciados y perdieron la custodia de sus hijos mientras purgaban la condena.

“Los procesos penales de los inmigrantes por ingreso y reingreso indebido comprendieron el 57% de todas las solicitudes de casos penales federales en todo el país en el año fiscal 2018. La política (antiinmigrante) ha producido una grave crisis de derechos humanos. Estas leyes deberían ser derogadas”, enfatiza Libal.

Durante la Administración Obama, los inmigrantes que ingresaban al país como indocumentados eran procesados sin tanto encono, especialmente aquellos que buscaban asilo. “Las leyes internacionales garantizan que aquellos inmigrantes en busca de asilo tienen el derecho de llegar a la frontera para solicitar un alivio migratorio sin ser tratados como delincuentes”, apunta Libal.

"La Administración Trump ha utilizado los cargos de entrada y reentrada indebida para obtener beneficios políticos, promover políticas inhumanas y narraciones públicas que criminalizan a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo que vienen en busca de seguridad y una vida mejor. En una época de represalias cada vez mayores contra los activistas inmigrantes, estos cargos también han sido utilizados para castigar a las personas detenidas que denuncian las violaciones de sus derechos", denuncia Libal y concluye: "La actual política migratoria está causando una criminalización de inmigrantes sin procedentes y el incremento del encarcelamiento masivo”.

DEBE SABERLO

Actualmente, la mayoría de los inmigrantes indocumentados son acusados ante las Cortes por entrada ilegal (delito menor castigado con hasta 180 días de cárcel) o por reingreso indebido de un inmigrante deportado (delito penal sancionado con hasta 2 años de cárcel en una prisión federal, e incluso más si el inmigrante cuenta con antecedentes penales).