La introducción de un proyecto de ley que ayudaría a familias a pagar por una escuela privada fue anunciada por la Secretaria de Educación Betsy DeVos, quien busca expandir el menú de opciones de los padres, a la hora de elegir donde enviar sus hijos a estudiar.

El proyecto aspira a ser un nuevo cauce de ingresos para que personas y/o empresas puedan hacer contribuciones a organizaciones sin fines de lucro, conocidas como Scholarship Granting Organizations o SGOs. Éstas, a vez, redistribuirán las recaudaciones en forma de becas. Por su parte, los padres podrían solicitar las becas a través de los procesos establecidos por las SGOs. Una vez aprobados, pagarían por la colegiatura de una educación privada, tanto a nivel de primaria como de la preparatoria. Asimismo, podrían emplear estos fondos para cubrir la matrícula en institutos técnicos y vocacionales.

Por otra parte, los donantes recibirían un incentivo que consiste en un crédito federal no reembolsable dólar por dólar: por cada dólar donado se les otorgaría un dólar de crédito ¡y ni un centavo más! cuando hagan su declaración de impuestos. O sea, con esta ley los mecenas y filántropos recibirán un crédito por sus contribuciones.

Este plan inyectaría cinco mil millones de dólares anuales a estos programas, sin tocar los presupuestos destinados a mantener las escuelas públicas, ni alterar los montos invertidos en aquellos estudiantes que asisten a una escuela pública.

Además, los estados decidirían si quieren o no participar en la iniciativa. De acuerdo con esta propuesta de ley, si optan por participar, estarían obligados a otorgar un 90% de las recaudaciones en forma de becas y el 10% restante se emplearía para los gastos relativos: personal, campañas de concientización, administrativos y demás.

La propuesta fue auspiciada por el senador Tez Cruz y el representante Bradley Byrne, y se la conoce como la Education Freedom Scholarships. Ellos tienen ahora la tarea de lograr que pase por las diversas cámaras y comités para su aprobación. Vale aclarar que la propuesta no pretende crear un nuevo programa federal, sino crear una nueva forma de emplear los códigos fiscales.

Suponiendo que les vaya bonito, lo cual no es garantía, dado el clima imperante en las colinas de Washington D.C., esta nueva fórmula facilitaría la creación de más oportunidades y más beneficios económicos para millones de estudiantes que quisieran —pero no pueden— acceder a una educación privada.