Una coalición de veinte Estados de la Unión y el fiscal general de California, el Demócrata Xavier Becerra, presentaron demandas contra el Gobierno Federal por su decisión de excluir de la financiación pública a las clínicas que practiquen abortos o desvíen esos procedimientos a otros especialistas.

Las leyes vigentes ya impiden que los abortos se financien con fondos públicos, pero la nueva norma (que todavía no ha entrado en vigor) establece que los centros de planificación familiar deben tener una clara separación física y financiera entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno Federal y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.

La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar del país que ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y práctica abortos.