Desde octubre del año pasado, alrededor de 460,000 personas han sido interceptadas en la frontera sur, más de la mitad familias. Los centros de detención están colapsados, por lo que la gran mayoría están siendo puestos en libertad, con la orden de presentarse ante un juez de Inmigración para seguir adelante con su proceso de solicitud de asilo.

En ese sentido, el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Mark Morgan, ha exigido al Congreso de la Unión una reforma legal que complique la llegada de inmigrantes indocumentados al país.

La Patrulla Fronteriza interceptó, sólo en abril pasado, a casi 100,000 personas que intentaban ingresar ilegalmente a este país o que se entregaron para solicitar asilo. De ellas, casi 60,000 eran familias, y alrededor de 10,000 más menores de edad.

Según Morgan, el 25% del total de familias detenidas son falsas, es decir, son adultos que están ‘alquilando’ niños para hacerlos pasar por sus hijos y así acelerar sus procesos de asilo y evitar la deportación inmediata.

La denuncia no es nueva. Para hacer frente a un potencial fraude masivo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en marcha en mayo pasado un programa piloto sin precedentes que involucran pruebas genéticas de ADN a los migrantes en la frontera: el objetivo es evitar que adultos hagan pasar a niños por sus hijos.

Los primeros resultados demostraron que el índice de fraude es muy bajo. De todas las familias que cada mes llegan a la frontera sur solicitando asilo, sólo se sometió a pruebas de ADN a aquellas que los agentes migratorios consideraron sospechosas de fraude. Y de ellas, en sólo el 30% de los casos las pruebas demostraron que los niños no eran sus hijos como decían.