A pesar de las afirmaciones del Gobierno Federal de dar prioridad a la deportación de criminales, los datos de los tribunales de inmigración apuntan a que solo el 2.8 % de las recientes peticiones de expulsión del país se basan en presuntas actividades delictivas, según un informe del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), que indica que los datos hasta junio pasado muestran cifras muy por debajo del énfasis en deportar criminales que prevaleció hace una década.

En total, asegura TRAC, que utiliza datos oficiales, solo 7,458 órdenes de deportación se basaron en antecedentes criminales durante los primeros nueve meses del año fiscal 2019, que comenzó en octubre del 2018, por lo que difícilmente alcanzarán los 10,000 al final del presente ejercicio. En contraste, hace una década o más los inmigrantes con antecedentes penales o supuestas actividades delictivas involucraron entre 30,000 y 40,000 solicitudes judiciales cada año, de tres a cuatro veces más.

Así, el 2.8% de los primeros nueve meses del actual ejercicio fiscal es significativamente menor que el porcentaje del 8.4 % de 2014, el 16% de 2009 o el 25.2 % del año 1999.

La situación se acentúa en diez tribunales de inmigración del país, en los que menos del 0.5% de las solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de este año involucraron una presunta actividad criminal como base para la deportación.

El peor de todos ellos es la corte de Houston (Texas), donde solo 5 casos de 15,063 se debieron a antecedentes penales del indocumentado. Le siguieron los tribunales de Newark (Nueva Jersey), Louisville (Kentucky), Nueva Orleans (Louisiana) y San Diego (California), con un porcentaje del 0.1% de las expulsiones solicitadas que se basaron en una presunta actividad criminal.