Los taxistas del estado de Tabasco recibieron una dura advertencia: o piden identificación a los inmigrantes antes de subirlos al coche, o van a la cárcel. Hasta quince años. Si las autoridades los sorprenden transportándolos acusarán a los taxistas de tráfico de personas, de lucrar con la movilización indocumentada de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos.

Tabasco ha sido, por mucho, la entidad más dura en el trato oficial al inmigrante con medidas muy concretas que bloquean su tránsito. Además de la amenaza a los choferes de llevarlos hasta quince años a la cárcel por tráfico de indocumentados, se les quitaría la concesión de servicio público. La medida cayó como una bomba ante defensores de derechos humanos. “Es impresionante la radicalidad del gobierno de Tabasco: ni siquiera Arizona, que es el estado más antiinmigrante en Estados Unidos, habían hecho esto”, lamentó el activista migrante Primitivo Rodríguez.

Las medidas fueron implementadas por el gobierno estatal con Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, como responsable de Asuntos Fronterizos y Migración en la entidad; pero también se han hecho alianzas con alcaldes locales para concretarlas, realizar operativos de vigilancia en sus demarcaciones y denunciar la presencia de indocumentados.