El presidente Andrés López libra la primera gran batalla nacional de su gobierno, enfrentándose a los ladrones de combustible que perforan los oleoductos y roban hidrocarburos de los depósitos de distribución.

Una de sus primeras medidas para acabar con ese lastre, que provoca pérdidas millonarias al estado mexicano, fue ordenar el cierre de algunos oleoductos propensos al robo a fin de detectar y detener a los ladrones de gasolina y diésel. El cierre de las tuberías y el cambio temporal a una mayor distribución por medio de camiones cisterna ha causado desabasto de combustible y cierres de gasolineras en varios estados, principalmente en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Algunas bandas han edificado bodegas sobre los terrenos de los oleoductos para perforar grifos ilegales en ellos. En las obras de gran magnitud, las bandas instalaban puntos de venta para suministrar diésel robado a los operadores de maquinaria pesada.

El gobierno sabe que se enfrenta a bandas violentas y profundamente arraigadas que a menudo reclutan vecindarios enteros para hacer frente a policías y militares durante las redadas contra los robos. A pesar de los costos políticos provocados por la escasez de combustible, el presidente advirtió que no dará marcha atrás.

EL DATO

El robo de hidrocarburos por un valor de 3,000 millones de dólares al año representa una industria clandestina compleja.