El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la decisión de un tribunal de distrito (que favoreció a la Administración Trump en una demanda que desafiaba su autoridad para anular las leyes ambientales y de participación pública para acelerar los proyectos de construcción fronterizos) dictaminando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene amplia autoridad bajo la Ley de Reforma de Inmigración y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 para construir prototipos de muro, reemplazar 14 millas de vallas primarias cerca de San Diego (California) y reemplazar cercados similares a lo largo de una franja de tres millas cerca de Calexico (California).

Es importante destacar que esta decisión judicial solo afecta las acciones del DHS para reparar o mejorar las cercas existentes en la frontera, no favorece las propuestas de Trump para la construcción de nuevos tramos del muro. A pesar de eso, la decisión restringe las posibilidades de que grupos ecologistas presenten demandas contra la construcción de barreras fronterizas de concreto por dañar el medioambiente en esa parte del país, perjudicando ecosistemas y hábitats de la vida silvestre de la zona.