Una coalición de cinco fiscales generales, liderada por Xavier Becerra (California), pidió a un tribunal que detenga la aplicación de la polémica regla de ‘carga pública’ de la Administración Trump mientras se resuelve una demanda contra la norma que, a partir del próximo 15 de octubre, hace inelegibles a la residencia permanente o a la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos.

La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante (si tiene la intención de hacerse ciudadano o residente permanente) incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.

Esta no es la única batalla legal que enfrenta la Administración Trump por la nueva definición de la regla de ‘carga pública’, ya que los condados de Santa Clara y San Francisco (California) también demandaron al Gobierno Federal por esta medida, al igual que una coalición de trece Estados de la Unión encabezados por Washington.