El Gobierno Federal, a través del USCIS, anunció nuevas normas que negarán la residencia definitiva o la ciudadanía a los inmigrantes que se beneficien de la asistencia social. A partir del 15 de octubre, los funcionarios migratorios analizarán si un extranjero recibió o recibe ayuda federal, ya sean subsidios para vivienda, el seguro de salud público médico o los bonos para comprar alimentos. De ser así, será considerado un factor negativo para el postulante a la ciudadanía.

La nueva reglamentación afectará los procesos de millones de inmigrantes que tramitan la nacionalidad de este país, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos modestos y que dependen de la ayuda social para vivir o para darle techo y comida a sus hijos.

Con esta nueva disposición, las autoridades podrán determinar si un inmigrante se ha convertido en una ‘carga pública’ para el Gobierno Federal. Si la persona depende de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, se le cancelará su estatus migratorio legal.

Para la Administración Trump, esta nueva disposición asegurará que si un extranjero ingresa o permanece en Estados Unidos éste tendrá que mantenerse a sí mismo y no depender de la ayuda federal. La medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en el país.

Se espera que esta norma enfrente demandas legales, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense lo considera pertinente.

EL DATO

La Administración Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales.