Con el fin de ejercer mayor presión sobre Cuba, la Administración Trump permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución de 1959. La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana.

El anuncio se hizo en un momento de grave debilidad económica en Cuba, que pasa apuros para encontrar fondos suficientes para importar alimentos básicos y otros suministros después de la caída en la ayuda proveniente de Venezuela y una serie de años negativos en otros sectores económicos.

El Gobierno Federal también comenzaría a ejercer una parte de la ley que le permite a Estados Unidos rechazar visas a cubanos y ciudadanos de otros países involucrados en operaciones comerciales en propiedades confiscadas.