En junio pasado, un memorando del USCIS integró entre sus siete condicionantes para evaluar otorgar un beneficio migratorio, el hecho de que una persona pueda ser una ‘carga pública’ al solicitar programas federales de ayuda, incluidos planes de salud y alimentación. De hacerlo, la autoridad consideraría negar la Residencia Legal Permanente (green card) al solicitante; incluso evitaría que un residente permanente que obtenga la ciudadanía.

La amenaza hizo efecto. Diversos proveedores de salud en distintas ciudades de 18 Estados de la Unión (incluido Texas) aseguran haber recibido llamadas telefónicas de familias inmigrantes (legales o indocumentadas) que piden ser retiradas del WIC, un programa federal de nutrición dirigido a mujeres embarazadas y niños.

Los especialistas en salud aseguran que el cambio de política podría poner más bebés nacidos en este país en riesgo de bajo peso al nacer y otros problemas, socavando la salud pública y, al mismo tiempo, aumentando los costos de la atención médica a expensas de los contribuyentes.