Cada vez más jóvenes mexicanos deciden formarse en ciencias forenses, un campo profesional desbordado por la escalada de violencia en el país, con más de 22,000 homicidios en lo que va de año, un récord desde que se mantienen registros.

El nuevo sistema de justicia, implantado en 2016, exige que los agentes que participan en un proceso forense tengan un título en un área del conocimiento relacionada. Sin embargo, la formación no está siempre a la altura del nuevo sistema y, tras graduarse, los profesionales se enfrentan a menudo a una falta de oportunidades laborales y a ambientes de trabajo saturados.

El interés de los jóvenes y la demanda de profesionales cualificados por parte de las instituciones del país han ido acompañados de un incremento de la oferta. En la actualidad, México tiene alrededor de 300 instituciones de enseñanza en estudios relacionados con las ciencias forenses; sin embargo, la diversidad de centros es amplia y va de unas pocas universidades públicas de prestigio a cientos de pequeños institutos privados.

Y la falta de cualificaciones apropiadas hace que los graduados no puedan competir en el mercado laboral. Empeora las cosas que en el sector público hay poca capacidad de absorción. Por ejemplo, la Fiscalía de la República (PGR) y las de los 32 estados mexicanos no suelen abrir más de una decena de plazas por año debido a restricciones presupuestarias, y los criterios para acceder son exigentes.

Si no consiguen colocarse en las instituciones públicas, los recién graduados acaban en la docencia, en la Policía o en consultoras privadas, donde los salarios tienden a ser más elevados (se gana, en promedio, entre 250 y 1,500 dólares por informe pericial; el precio varía según la dificultad del caso y el prestigio del perito), frente a salarios que están en torno a los 600 dólares brutos mensuales, en el caso de las fiscalías estatales; o 2,000 en la PGR.

Paradójicamente, nunca antes se habían necesitado tantos profesionales forenses como en la actualidad. Como consecuencia de un índice de homicidios que se ha disparado en 2018, las fiscalías, sobre todo las estatales, están desbordadas. Aunque no hay cifras oficiales, los expertos consultados estiman que hay alrededor de 7,000 peritos forenses en el sector público. De éstos, unos 1,700 trabajan para la PGR, y el resto para las estatales, las que cargan con la gran mayoría de delitos. Hacen falta 4,000 peritos forenses más para aligerar la carga de trabajo.