La comunidad de inmigrantes protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), calculada en alrededor de trescientos mil personas, logró un breve respiro sobre la amenaza de deportación gracias al freno temporal de la cancelación del TPS emitido por Edward Chen, juez federal en San Francisco (California). Ahora, para los grupos activistas de todo el país, el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de aprobar una legalización permanente para estos inmigrantes (sobre el tema hay cinco proyectos de ley listos para ser discutidos); pero los detractores exigen cancelar de inmediato ese programa migratorio a través del Poder Legislativo. Según el fallo judicial, el Gobierno Federal no logró establecer cuál sería la magnitud real del daño si mantiene vigente el TPS. La próxima vista judicial sobre este caso está programada para el próximo 26 de octubre. Ese día, la Administración tendrá que explicar sus próximos pasos.

EL DATO

Si se cancela el TPS, los padres de niños nacidos en este país se verían obligados a escoger entre llevárselos y apartarlos de la única comunidad que conocen, o dejarlos con otros familiares. En cualquier escenario, habría separación familiar.