El presidente Trump prohibió durante al menos 90 días la entrada al país a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación del Gobierno Federal que elimina la elegibilidad para obtener asilo a quienes incumplan esta prohibición presidencial. Bajo la modificación, solo podrían pedir asilo quienes accedan al país por puntos de acceso autorizados.

La nueva regulación no tendrá efecto retroactivo, por lo que solo se aplicará a quienes ingresen al país de forma irregular desde el 9 de noviembre en adelante.

El límite de tiempo de la proclama presidencial podría ser ampliado si las autoridades lo consideran necesario.

Trump ha asegurado que los inmigrantes que llegaban irregularmente por el límite fronterizo con México pedían asilo para no ser deportados y para quedar en libertad mientras se resolvía su situación. Generalmente, una vez constatado que el reclamo es legítimo, las autoridades liberan a los solicitantes mientras se gestionan sus casos porque estos no suponen un peligro y por la falta de espacio en los centros de detención, que Trump pretende ampliar.

Se espera que, como ocurrió con el veto migratorio de 2017, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites impuestos a las solicitudes de asilo y refugio, ya que las leyes estadounidenses indican que tiene derecho a presentarla cualquier persona que pisa suelo estadounidense.