En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reconoció ante el Congreso de la Unión que la agencia ‘perdió el rastro’ de 1,475 menores inmigrantes centroamericanos que había colocado con tutores u otras personas responsables de su cuidado. Esa cifra refleja únicamente la cantidad de menores que la agencia se vio incapacitada de localizar entre los 7,635 que ubicó en hogares de diferentes personas que se hicieron responsables de ellos en los últimos tres meses del 2017.

¿Dónde están esos niños?

El vía crucis comienza cuando estos niños pisan territorio estadounidense. Más del 60% de los menores inmigrantes que llegan a este país no tienen a sus padres aquí. Y cuando estos menores llegan sin compañía son enviados a albergues especiales que controla la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Tras un tiempo bajo cuidado federal, los menores son entregados a nuevos tutores. Desde ese momento el Gobierno Federal se desentiende de la custodia de los menores y no hay un programa que le dé un seguimiento a su situación posterior.

Solo hay un procedimiento que indica que las autoridades deben hacer una llamada telefónica a los 30 días de entregar la custodia para saber si la familia (o la persona) que se hizo cargo del menor tiene preguntas, alguna necesidad de servicios, o si necesita referencias. Más allá de eso, no existe otro tipo de mecanismo de control.

Y es precisamente cuando salen del cuidado de las instituciones del Gobierno Federal que comienza la etapa más difícil para los jóvenes inmigrantes.

La polémica en torno al mecanismo de ubicación y a la forma en que se pierde el rastro de estos menores no es nueva. Una investigación de 2016 reveló que más de 20 menores fueron enviados a hogares donde fueron agredidos sexualmente, apenas recibían alimentos o eran obligados a trabajar por poco o ningún salario. Algunos vivían con personas que habían tomado la custodia de varios de ellos sin ningún parentesco, lo que fue visto por las autoridades como un posible caso de tráfico de personas. Poco antes, en 2014, otro grupo de menores guatemaltecos fueron obligados a trabajar en una granja de huevos en Ohio bajo amenaza de muerte.

Representantes de diversas organizaciones humanitarias denunciaron que es la política de la actual Administración en relación con la inmigración lo que ha llevado a las autoridades fronterizas a separar a los menores de sus progenitores. Sin embargo, funcionarios del Gobierno Federal rechazaron tajantemente ser responsables de la supuesta desaparición de más de mil quinientos