La vida en Texas se ha vuelto ‘peligrosa’ para los inmigrantes indocumentados. Un fallo judicial permite que la controversial ley SB4 esté en vigor con sus puntos más controvertidos: que la policía puede pedir pruebas de estancia legal en este país y la prohibición de limitar la colaboración con órdenes de detención de la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La norma está vigente gracias a que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito invalidó una decisión judicial que ponía en suspenso varias de las cláusulas, la mayoría consideradas antiinmigrantes. Sin embargo, la Corte dejó muy claro que se puede vigilar la forma en que la ley se implementa y eso es lo que han prometido hacer diversas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes indocumentados.

Además, la Corte de Apelaciones no permitió que entre en vigencia la parte de la ley que castigaba a los funcionarios locales por expresar su apoyo a las ‘ciudades-santuario’. A pesar de eso, la decisión marca un precedente de nivel nacional y es una victoria para el Gobernador Greg Abbot y para otros líderes políticos aliados de Donald Trump, que han arremetido contra las llamadas ‘ciudades-santuario’ en todo el país. Muchos jefes policiales (como la Sheriff Sally Hernández y el jefe interino del APD, Brian Manley) han dicho que obligar a sus agentes a colaborar con el ICE perjudica su trabajo policial y la seguridad pública, ya que los aleja de la comunidad indocumentada, tantas veces víctima de delitos que quedan impunes.