La estrategia del Gobierno Federal para obstaculizar las concesiones de asilo político con el argumento de que ‘alientan el abuso y el fraude’ tiene entre la espada y la pared a los solicitantes y a sus abogados.

Los cambios hechos por la Administración Trump están enfocados en acortar los tiempos de los procesos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) transformó el sistema de concesión de asilo a inmigrantes y está examinando primero las aplicaciones más recientes para dejar las más antiguas al final. Con esta medida se pretende impedir que personas con reclamos no creíbles puedan acceder a un permiso de trabajo y terminen por engrosar la lista de espera que lleva años de retraso.

Entre los más afectados están los inmigrantes centroamericanos que cruzan la frontera y solicitan el amparo migratorio y los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos huyendo de la situación política de su país.

Para los especialistas en el tema, el Gobierno Federal usa esta estrategia ‘de terror’ para hacer que los inmigrantes desistan de buscar beneficiarse del sistema de asilo. Pero los nuevos solicitantes no serían los únicos afectados. Esta nueva política perpetúa el limbo en el que se encuentran los antiguos solicitantes de asilo y además pone en riesgo la credibilidad del proceso porque con el paso del tiempo los documentos o pruebas pueden quedar obsoletos y los testigos no están disponibles, entre otros inconvenientes. TC/USCIS

LAS CIFRAS

A finales de enero, USCIS registraba 311,000 solicitudes de asilo político, lo que representa un incremento del 1,750% en los últimos cinco años. El 2017, las Cortes de Inmigración resolvieron un 35% más de casos de asilo que en el 2016. El porcentaje de solicitudes denegadas aumentó a un 70% y eso que las cifras no muestran el impacto de los últimos cambios.