Mientras la opinión pública estadounidense reaccionaba con indignación ante la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur del país, las organizaciones que gestionan los centros de detención de indocumentados veían mayores oportunidades.

Solamente el año pasado (2017), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinó casi 3,000 millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos que están pendientes de resolución por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada. Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas.

En torno a 65% de las camas de las que dispone el Gobierno Federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria. En febrero del 2017, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que estaban aumentando el número de camas disponibles para ICE de 3,500 a 20,000, es decir, un incremento del 500%.

Los centros de detención de inmigrantes son una pieza central del modelo de negocio de las empresas que se dedican a administrar cárceles privadas como Geo Group y CoreCivic. Estas dos empresas son las principales de un mercado en el que participan una docena de competidores en Estados Unidos.

CoreCivic reportó que en el 2017 un 25% de sus ingresos procedieron de contratos con ICE, sumando 444.1 millones de dólares. En el caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron 19% de sus ingresos para un total de 429 millones.

Las empresas como Geo Group o CoreCivic no se hacen cargo del alojamiento y la atención a niños indocumentados, cuya custodia no está asignada a ICE sino al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) que en el año fiscal 2017 destinó alrededor de 958 millones de dólares para el mantenimiento de los centros de acogida de menores.

La custodia está asignada principalmente a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que gestionan instalaciones distintas a los centros de detención y que se parecen más a un colegio internado que a una prisión; además, deben disponer de aulas de clase, servicios de salud física y mental, espacios de recreo y servicios de reunificación familiar.

Administrativamente, estos lugares de acogida dependen de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que es la responsable de atender a los inmigrantes menores de edad que ingresan a Estados Unidos sin la compañía de un adulto y que, durante las últimas semanas, también recibieron a los 2,300 niños que fueron separados de sus familias. Según cifras oficiales, en la actualidad, la ORR está dando alojamiento a casi 12,000 niños, incluyendo aquellos que fueron separados de sus padres.

El negocio de dar alojamiento a los inmigrantes detenidos por el ICE y la Patrulla Fronteriza crecerá mucho más en los próximos meses.