La Administración Trump analiza las huellas dactilares de inmigrantes de hace décadas en un esfuerzo para quitar la ‘green card’ y hasta la ciudadanía a quienes hayan mentido o falsificado sus datos al regularizar su situación migratoria.

La revocación de la ciudadanía, tratada durante mucho tiempo como una medida drástica reservada para extranjeros que cometen crímenes atroces o actos fraudulentos, se convierte en la nueva pena máxima para combatir el fraude migratorio.

Bajo el nuevo plan del USCIS, la agencia investiga miles de viejos registros y archivos de huellas dactilares para determinar si los extranjeros hicieron declaraciones falsas o fraudulentas en sus intentos de obtener residencia en Estados Unidos.

Las huellas dactilares recogidas en la década de los noventas se están comparando con las impresiones más recientes proporcionadas por extranjeros que solicitan la residencia legal y la ciudadanía estadounidense.

Si las huellas dactilares de un peticionario concuerdan con las de alguien que no divulgó una deportación en su solicitud de naturalización, o coinciden con las de una persona que usó un nombre diferente, esa persona será blanco de una investigación.

Para ‘cazar’ a la mayor cantidad de defraudadores, USCIS está contratando abogados y oficiales de Inmigración para revisar los casos de aquellos inmigrantes que recibieron órdenes de deportación pero que pudieron utilizar identidades falsas para permanecer en este país y así conseguir la ciudadanía.

Francis Cissna, director del USCIS, lanzó una seria advertencia a quienes hayan cometido fraude o contemplen hacerlo: “Puede pasar algún tiempo hasta que lleguemos a su caso, pero llegaremos a ellos”.