En junio pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) realizó un cambio sustancial en su política migratoria: anunció que los no-ciudadanos que soliciten un beneficio migratorio, como una extensión o un cambio de estatus, una ‘tarjeta verde’ o la ciudadanía, serían colocados en procedimientos de deportación si se les niega ese beneficio.

Durante años, los conservadores han exigido que una condena penal sea la ‘vía rápida’ para la deportación de un inmigrante, sea legal o no. Ahora, perder una petición de extensión de visa, ser acusado de un delito o hacer algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera delito (incluso si nunca fue arrestado o acusado) coloca al inmigrante en esa misma ‘vía rápida’ de deportación.

Los inmigrantes que el Gobierno Federal ha marcado como ‘prioridad de deportación’ son los que:

• Hayan sido condenados por cualquier ofensa criminal.

• Hayan sido acusados de algún delito que no se haya resuelto.

• Hayan cometido actos que constituyan un delito penal imputable.

• Hayan participado en fraude o tergiversación deliberada ante cualquier funcionario o al momento de hacer una solicitud ante una agencia gubernamental.

• Están sujetos a una orden final de deportación, pero no se han marchado.

• Sean un riesgo para la seguridad pública o seguridad nacional.

Una vez en el proceso de deportación, el no-ciudadano debe demostrar que es elegible para permanecer en este país. Para ese objetivo, no se le proporcionará un abogado. Tampoco tendrá derecho a fianza ni derecho a un juicio rápido ni juicio por jurado.