E loísa Tamez (83) es Lipan Apache y sus antepasados eran dueños de esta tierra un siglo antes de que una guerra impusiera el límite entre Texas, Estados Unidos y México. Ahora su patio trasero está atravesado por un muro fronterizo que ella siente como una ‘violación’.

El fondo de su casa, ubicada en el fronterizo poblado de El Calaboz (sureste de Texas), es un terreno baldío partido al medio por una oxidada valla de hierro de 18 pies de altura.

Como no era posible levantar un muro en medio del Río Grande que delimita la frontera natural con México, las autoridades federales lo erigieron a un par de millas al norte de la orilla. Eso causó que algunas de las tierras por donde pasa el muro (y pasará, si sigue construyéndose) fuera propiedad de tribus nativas o de granjeros privados. Es lo que sucedió casi diez años atrás a Támez, profesora de enfermería de la Universidad de Texas en el Valle Del Río Grande y activista de los derechos de la tribu Lipan Apache.

Las autoridades federales le dieron una clave para abrir el portón que le permite acceder al otro lado de su tierra ancestral: 1.2 hectáreas de desierto salpicado de cactus y mezquites. Eso es lo que queda de las casi 5,000 hectáreas que pertenecían a sus antepasados Lipan Apaches desde el siglo XVIII, gracias a una concesión de tierra de la Corona española.

En 2009, después de perder una demanda del Gobierno Federal, Támez se vio coaccionada a recibir una compensación de 56,000 dólares, que donó a becas de enfermería en nombre de sus padres.

Situaciones como ésta pueden multiplicarse si Donald Trump tiene éxito en su proyecto de amurallar toda la frontera, un tercio de la cual ya está vallada como consecuencia de una ley promulgada por George W. Bush en 2006.