El continuo desmantelamiento gradual del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) aumentó las presiones para que el Congreso de la Unión apruebe una ley que legalice a los beneficiados, que han usado el programa como un escudo contra la deportación.

Actualmente, hay varios proyectos de ley pendientes de discusión. En la Cámara de Representantes, uno de ellos es la medida ESPERER, que permitiría la legalización de los inmigrantes indocumentados de Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador que se ampararon al TPS antes del 13 de enero del 2011. Ese proyecto, presentado por el legislador Republicano Carlos Curbelo (Florida), con el apoyo de varios legisladores Demócratas y Republicanos de ese Estado, busca eliminar la incertidumbre de quienes siempre han dependido de una próxima prórroga sin ninguna solución permanente.

También está la ley ASPIRE-TPS, de la congresista Demócrata Yvette Clarke (Nueva York), que les permitiría solicitar la residencia permanente si tenían vigente su TPS hasta el pasado 1 de enero y pueden demostrar ante un juez que afrontarían extrema dificultad si son deportados a sus países. Para quienes no puedan demostrar ‘extrema dificultad’, pero que tienen al menos cinco años en este país, la ley crearía un nuevo programa de protección temporal con un permiso renovable de seis años.

Una tercera medida, American Promise Act, de la congresista Demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) protege de la deportación a quienes tiene al menos tres años con TPS, y les permite solicitar la ‘tarjeta verde’ (green card). Mientras que en el Senado, un nutrido grupo de once legisladores Demócratas, promueven la llamada ley SECURE, que permitiría solicitar la residencia permanente a todo el universo de beneficiados por el TPS.