C oncluido el periodo para que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reciban los comentarios públicos sobre su política conocida como ‘carga pública’, la dependencia federal deberá revisar los comentarios recibidos y procesar los ajustes necesarios.

Si los comentarios condenan la ampliación del concepto de ‘carga pública’, cabe la posibilidad de que la propuesta sea retirada, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La inclusión de los comentarios debe ser en un prólogo del nuevo documento, donde se perfilarán los cuestionamientos más relevantes, además de explicar a detalle el propósito de la regla.

El plan propuesto en octubre pasado penalizaría a los inmigrantes legales por usar la ayuda del Gobierno Federal a través de cupones de alimentos; subsidios de vivienda; cheques del programa TANF para gente pobre; ingresos suplementarios del Seguro Social (SSSI); el Medicaid, y la cobertura de recetas médicas bajo Medicare. De hacer uso de esta ayuda federal, sería más difícil para los inmigrantes obtener su Residencia Legal Permanente u otras visas.

La Administración Trump defiende esta medida como necesaria para frenar la inmigración ilegal y resguardar la seguridad fronteriza, aún cuando varios estudios recientes demuestran que el número de cruces ilegales ha disminuido en la frontera sur.

USCIS informará a través de su portal (www.uscis.gov) el día que comience a aplicar la nueva regla, ya que no existe un periodo preciso sobre la revisión y la publicación de las nuevas disposiciones.

DEBE SABERLO

Alrededor de 6.8 millones de niños en Medicaid o CHIP son ciudadanos pero tienen padres no estadounidenses.

EL DATO

Actualmente, se define como ‘carga pública’ a una persona que recibe ciertos beneficios públicos por encima de determinados umbrales definidos o por más tiempo que los períodos establecidos.