Para una víctima de violación, verse cara a cara con su atacante en un juicio por la custodia legal de su hijo puede ser traumático. Sin embargo, en cinco Estados de la Unión (Alabama, Dakota del Norte, Minnesota, Mississippi y Wyoming), si la mujer decide seguir adelante con el embarazo, el violador puede solicitar derechos parentales y tener acceso al bebé. Y si la madre elige entregarlo en adopción, quizá tenga que obtener el permiso de su violador para poder hacerlo.

Son 45 los Estados que tienen una ley que permite a las víctimas de violación bloquear los derechos parentales del atacante.

En los Estados donde sí existe una legislación que ofrece algún tipo de protección para evitar que las víctimas de violación se tengan que enfrentar a sus atacantes sobre los derechos de paternidad, las condiciones varían. En 22 estados y el Distrito de Columbia se necesita que haya una condena por violación antes de que la víctima pueda solicitar que se eliminen los derechos paternos.

Esto deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad, dado que la mayoría de las agresiones sexuales no llegan a juicio y por tanto quedan sin condena, según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

También hay excepciones a considerar. Algunos Estados pueden no aplicar estas leyes de recorte de los derechos parentales si, por ejemplo, la persona condenada por la agresión sexual era cónyuge de la víctima en el momento del ataque o si estaban conviviendo tras la agresión.

A nivel federal, Estados Unidos cuenta con una ley que regula la custodia de los niños engendrados en una violación. La ley, aprobada en el 2015 bajo la Administración Obama, le dio a los Estados acceso a más financiación para las víctimas de agresión sexual si les permitían a los tribunales eliminar los derechos de paternidad a individuos que hubieran violado a una mujer, dejándola embarazada.