El próximo gobierno pretende cambiar el status quo con lineamientos claros para combatir la corrupción, aplicando una política de ‘austeridad republicana’, como se llama la estrategia. Ésta contiene 50 temas y acciones para regular la operación del gobierno y el desempeño de funcionarios y empleados de confianza. El objetivo central es terminar con lo que López Obrador define como ‘abusos, excesos y dispendio’ en el uso del erario.

En algunos casos el programa de ‘austeridad republicana’ cambia por completo costumbres y gastos que se mantuvieron incluso en los dos gobiernos del opositor Partido Acción Nacional (PAN). Y en otros modifica comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes. El programa de ‘austeridad republicana’ establece suspender por completo fueros y privilegios, así como establecer la obligación a todos los funcionarios de presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades. También cancela la compra de vehículos nuevos o de lujo, una costumbre al inicio de todos los gobiernos del país. Además, suspende los bonos y prestaciones especiales, desaparece el gasto para seguros médicos particulares, prohíbe los viajes al extranjero sin permiso o justificación y reduce al mínimo los recursos para ese propósito. Tampoco se podrá usar aviones o helicópteros privados, y se cancelan además las comidas, cenas o viajes pagados por contratistas.

La nueva estrategia pretende eliminar los privilegios que gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores y altos funcionarios del gobierno federal. Son prerrogativas como seguro médico particular y sin límites; automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y vinos caros. Los únicos con derecho a guardaespaldas serían los encargados del área de seguridad. Actualmente todos los secretarios, subsecretarios y algunos directores tienen protección de militares o policías federales.

También se reduce al mínimo el presupuesto para viajes, gastos de representación y se prohíben las fiestas y comidas lujosas. Ningún funcionario podrá recibir regalos que cuesten más de 5,000 pesos ($260).

Algo que también desaparece es el gasto en ropa, ceremonias y protocolos para el presidente y su familia. Además, se pretende vender toda la flotilla de helicópteros y aviones oficiales, excepto los que se usan en tareas de rescate y seguridad. Entre las aeronaves en venta se encuentra un moderno Boeing Dreamliner 787-8 comprado en el actual gobierno. El aparato se compró en $218 millones y se usa esencialmente para transportar al presidente Enrique Peña Nieto. El próximo mandatario dice que viajará en aerolíneas comerciales. En un país donde más de la mitad de la población se considera en situación de pobreza, todas estas prestaciones suelen ser criticadas.

Especialistas en el tema dicen que, además del ahorro en sueldos y gastos excesivos, lo que se necesita es controlar la forma como se asignan los recursos públicos en todo el gobierno, incluidos estados y municipios. Y sobre todo que la contratación de empleados públicos no dependa de criterios políticos o personales, como funciona ahora en muchos casos.