En una clara victoria para la comunidad inmigrante, el Tribunal Supremo frenó los esfuerzos de la Administración Trump por deportar a los inmigrantes condenados por delitos no violentos, al anular parte de una ley federal que facilita la expulsión de esos extranjeros.

Para mayor ironía, fue el juez conservador Neil Gorsuch, nombrado por el presidente Donald Trump al cargo vitalicio el año pasado, quien dio el voto decisivo en el dictamen de 5-4, sumándose a los cuatro jueces de corte progresista. En el dictamen, los jueces indicaron que, para efectos de la Constitución, la ley migratoria federal contiene una definición sobre ‘crimen de violencia’ demasiado difusa y, por lo tanto, difícil de aplicar.En adelante, gracias a este dictamen, antes de deportar a alguien, incluyendo a los residentes legales condenados por delitos graves, el Gobierno Federal tendrá que demostrar que el delito cometido fue, de hecho, ‘violento’.

Es importante destacar que esta decisión judicial no tendrá impacto alguno en las redadas que realiza en todo el país la Administración Trump dirigidas a la captura de indocumentados que, aunque tienen derecho al debido proceso, pueden ser deportados con o sin historial criminal.