Conocido el veredicto del Tribunal Supremo en contra de una parte de la ley que facilita la expulsión de inmigrantes que no hayan cometido crímenes violentos, el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dejó en claro su oposición al dictamen y pidió la intervención del Congreso de la Unión: “Creemos que ciertos crímenes cometidos por un extranjero ilegal, una persona con visa, o un extranjero con estatus legal en Estados Unidos, deben desencadenar su deportación”.

O’Malley instó al Congreso a que cierre las ‘lagunas legales’ en las leyes migratorias de tal manera que los extranjeros criminales que cometen crímenes como el robo en muchos Estados de la Unión; narcotráfico en Florida, y hasta abuso sexual de menores en Nueva Jersey, no puedan evitar las consecuencias de sus delitos.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tyler Houlton, dijo que el dictamen minará los esfuerzos de la agencia por deportar a personas que cometen asaltos sexuales, secuestros, y robo. De paso, agregó, permitirá que Estados Unidos se convierta en ‘refugio seguro de criminales’ y un país ‘más vulnerable’.

Finalmente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se ha reunido con centenares de legisladores en los últimos meses para ‘implorarles’ que cierren los vacíos que, a su juicio, minan la seguridad pública, alientan la inmigración ilegal y atan las manos de las autoridades policiales.