Los atentados con paquetes explosivos que la Ciudad de Austin padeció en las últimas semanas, puso los ojos del mundo entero sobre el Departamento de Policía que lidera el jefe interino Brian Manley, entidad que, con la ayuda de agentes del FBI y de otras agencias estatales y federales (DPS, ATF, AFD, EMS, JTTF, USPS y los Texas Rangers), dio con la identidad del terrorista doméstico, forzándolo a suicidarse, desenlace que acabó con la incertidumbre que vivía la población.

A pesar de la demostración de eficacia del esfuerzo conjunto, y de la admiración que el mundo le rindió al APD, muchos agentes se encuentran disconformes debido a que, actualmente, trabajan sin contrato.

Desde el pasado 3 de diciembre, el Departamento de Policía de Austin no ha renovado su vínculo laboral con la Ciudad de Austin debido a que el Concejo votó a favor de volver a negociar el contrato, algo que no aceptó la Austin Police Association. El impasse ha provocado que durante los últimos tres meses los agentes del APD trabajen bajo la ley de servicio civil hasta que lleguen a un acuerdo con las autoridades de la Ciudad.

“Es muy decepcionante y frustrante salir todos los días a realizar nuestro trabajo, especialmente después de las intensas tres semanas vividas en Austin con el trajín del South by Southwest y los atentados con los paquetes-bomba”, comenta para El Mundo Newspaper, Ken Casaday, presidente del Austin Police Association, y agrega: “La ciudad sigue creciendo, necesita mantenerse segura, y el no contar con buenas condiciones laborales y no contratar a los oficiales que se necesitan para cumplir con los objetivos, pone en riesgo la seguridad de la población”.

Según Casaday, la no renovación del contrato ha complicado la incorporación de nuevos oficiales, además de que varios agentes han optado por otros empleos. “Solo en las últimas dos semanas hemos visto cómo tres oficiales se han ido porque consiguieron mejores trabajos en otras ramas. Hay muchas otras opciones de empleo en otros lados, con muy buenos beneficios. Hasta la fecha, seguimos contratando personal pero no de la manera que quisiéramos hacerlo. No tenemos estabilidad laboral y eso afecta cuando se trata de enrolar a más personas. Muchos interesados se están yendo a otras ciudades, como San Antonio, Fort Worth, El Paso ó Houston, donde ofrece mejores condiciones de trabajo y prestaciones”.

Para la cabeza del Austin Police Association, el limbo laboral en el que se encuentra el APD perjudica directamente a la población. “El no contar con suficientes oficiales ocasiona que no se puedan atender las llamadas de emergencia (9-1-1) con la rapidez que el público desea. Reclutar nuevos oficiales se ha convertido en todo un reto. Actualmente, la mayoría de los nuevos oficiales son de la generación ‘millennial’ y ellos valoran su tiempo libre y son muy diferentes a los oficiales que solíamos reclutar, que buscaban jubilarse como policías”, señala Casaday.

La otra parte

Quienes se oponen a validar el contrato que quiere el Austin Police Association aseguran que éste permitiría que los oficiales actúen en el límite de la ley, con altas posibilidades de cometer abuso de poder contra las personas que sean detenidas, y más ahora que la SB4 está vigente con las partes consideradas más antiinmigrantes.

Durante negociaciones recientes, varias organizaciones locales comunitarias acordaron ocho recomendaciones claves para el nuevo contrato con el APD. Sin embargo, pocas fueron consideradas seriamente.

“Solicitamos que la Ciudad haga cambios en el próximo contrato; por ejemplo, que los archivos y los registros del APD sean de dominio público, así como los récords de las malas conductas, quejas y acusaciones contra los oficiales del APD. Los policías no son castigados por sus malas acciones, por el contrario, son protegidos por contrato. Solicitamos que cambien ‘la regla de los 180 días’, que limita la cantidad de tiempo que el jefe de policía tiene para disciplinar a sus oficiales; después de ese tiempo, los oficiales no pueden ser castigados por cualquier potencial delito que hayan cometido”, explica Chris Harris, analista de datos y coordinador de campañas de la organización Grassroots Leadership.

“Comenzaremos nuevas negociaciones con la Administración de la Ciudad en una o dos semanas y esperamos que, finalmente, lleguemos a un acuerdo por el bien de nuestros oficiales y de la seguridad de nuestra comunidad”, concluye Ken Casaday.