Una investigación del diario digital Animal Político y de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sostiene que entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 192 millones de dólares a empresas ‘fantasma’ (compañías que no existen, que carecen de actividad).

Según el reporte, el dinero salió de diferentes organismos públicos como la Secretaría de Desarrollo Social, el FOVISSSTE (uno de los dos seguros sociales mexicanos), el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. En total son once instituciones involucradas en el asunto.

Los investigadores sostienen que hasta ocho universidades públicas sirvieron de intermediarias para el desvío, algunas tan importantes como la Universidad Autónoma del Estado de México, la región más poblada del país, y su par de Morelos. El esquema de desvío fue transversal al Gobierno de Peña Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México.

La investigación apunta que los organismos señalados aprovecharon este recodo legal para armar un esquema de desvío de fondos multimillonario. Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado con 56 millones de dólares en concepto de ‘comisiones’. Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. De acuerdo al conteo de la investigación, 128 de las 186 presentaban ‘lagunas legales’. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de dólares en contratos. La investigación apunta que las empresas no tenían nada que ver con los servicios para los que las contrataban. De acuerdo a Animal Político y MCCI, todos los contratos violan la Ley General de Adquisiciones. Este esquema de presuntas corruptelas se inauguró en el Gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con el de Peña Nieto.

EL DATO

En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. Es decir, que la secretaría que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la nómina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y ésta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.