En Estados Unidos, las masacres que se repiten por todo el territorio, como la última en Las Vegas, parecen no ser motivo suficiente para detener el apego a las armas: todos los años se venden millones. En 2016, las ventas fueron récord, según datos del FBI. Este año han disminuido, pero, así y todo, ya superan a las de años recientes, como 2010 o 2011, y duplican a las de una década atrás. En 2009, ya había alrededor de 310 millones de armas, según una estimación oficial.

En todo el país, los requisitos básicos son: ser mayor 18 años, tener una licencia de conducir y pasar un control de antecedentes (que puede tomar unos minutos). Esto último es el único control real y se realiza a través del Sistema Nacional Inmediato de Verificación de Antecedentes (NCIS), una base de datos del FBI. Activa desde 1998, fue creada por una ley que lleva el nombre de James Brady, que quedó en silla de ruedas tras recibir un balazo en el intento de asesinato a Ronald Reagan, de quien era secretario de prensa. El sistema rastrea, entre otras cosas, si un potencial comprador tiene antecedentes penales, o un historial de enfermedad mental o de uso de drogas.

Pero el sistema tiene ‘lagunas’. El FBI no verifica ventas de persona-a-persona, en ferias y a través Internet, o en tiendas sin licencia. En 2013, tras la matanza de Sandy Hook, los Demócratas trataron de cerrar esas lagunas con un proyecto ley que buscó universalizar los controles.

La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) se opuso, y los Republicanos lo bloquearon.

Aún cuando las estadísticas muestran una evidente correlación entre la cantidad de armas y el número de muertes provocadas por un arma, algunos descreen que más controles signifiquen menos muertes. Ocho de cada diez Republicanos cree que es más importante proteger el derecho a poseer armas que controlarlas, según el Pew Research Center. Sólo dos de cada diez Demócratas piensan lo mismo.