Como se sabe, la Cámara de Representantes aprobó en septiembre pasado su proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2018 destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y pasado 21 de noviembre, el Comité de Finanzas del Senado divulgó su propia versión, con algunas diferencias en la designación de fondos para las agencias policiales.

Ambas versiones, incluyen dinero para el muro fronterizo y vastos fondos para las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados, pero deben ser sometidas a un proceso de negociación bicameral antes de convertirse en ley.

Activistas comunitarios de todo el país quieren evitar que Donald Trump promulgue la norma y por eso instaron al Congreso de la Unión a que ponga freno a más fondos para la ‘fuerza de deportación’ y la continua militarización de la frontera porque, a juicio de ellos, esas políticas sólo aumentarán la persecución de los inmigrantes.

La queja se sustenta en que las acciones policiales de la Administración Trump no están dirigidas sólo a atrapar a los ‘bad hombres’, sino también a inmigrantes sin ningún expediente criminal. Y si el Congreso da más fondos a la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el resultado previsible será una multiplicación en la deportación de gente inocente, advierten los activistas.

La versión del Senado, por un total de 51,600 millones de dólares para el DHS, sólo recomienda la aprobación de 100 millones para la contratación de 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), pero no para los 1,000 agentes de ICE, que sí incluye la iniciativa de la Cámara Baja.

Además, bajo la versión del Senado, ICE recibiría hasta 6,700 millones, incluyendo un incremento del 7% para las detenciones. La medida también aparta 1,600 millones para iniciar la construcción del muro fronterizo y la instalación de demás barreras en la frontera con México, y 77 millones para las inspecciones de aduanas en los aeropuertos. Finalmente, provee 132 millones para financiar el sistema federal de ‘E-Verify’ para que las empresas puedan verificar el estatus migratorio de sus empleados.

A juicio de las organizaciones proinmigrantes, el Congreso debería destinar más recursos a programas sociales para fortalecer a las familias y a las comunidades, y dar soluciones permanentes al problema de la inmigración ilegal, comenzando con la aprobación de un nuevo y mejorado ‘Dream Act’.

EL DATO

La propuesta del Senado reduce en un 27% los fondos de la Oficina del Inspector General (OIG), encargada de vigilar el buen funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional