El Congreso de la Unión afronta presiones para ayudar pronto a centenares de miles de hombres y mujeres protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio que comenzó a ser desmantelado por la Administración Trump; sin embargo, los legisladores Republicano (que son quienes controlan las dos cámaras del Congreso) no tienen apetito ni consenso para resolver el problema.

Durante meses, grupos civiles, religiosos, empresariales y sindicales han realizado campañas de presión ante la Administración, con argumentos morales, políticos y socio-económicos para mantener con vida el TPS para los inmigrantes indocumentados de Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero la respuesta no fue la esperada: hay varias iniciativas en el Congreso para proteger a los beneficiados por el TPS, pero no hay fecha para su debate y menos para su votación.