El próximo mes el Gobierno Federal deberá tomar una decisión final para el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a casi 300,000 salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos (sin contar a inmigrantes de otras latitudes del mundo). El 6 de noviembre será la fecha límite para emitir una decisión que afectará a 59,550 hondureños y nicaragüenses; el 23 de noviembre para 50,000 haitianos y el 8 de enero para casi 200,000 salvadoreños. La mitad de estos inmigrantes son dueños de vivienda y, de perder su condición legal, podrían ser deportados, por lo que las hipotecas (100 mil en promedio) quedarían en el aire. También es oportuno destacar que la participación de las personas protegidas por el TPS e el mercado laboral estadounidense es más elevada que la de los nacidos en este país y también que la del extranjero promedio. Entre el 81% y el 88% están trabajando y están inmersos en varias de las industrias más importantes del país: 50,000 trabaja en la construcción; 32,000 en la industria de alimentos; 16,000 en jardinería; 10,000 en cuidado infantil; y 9,000 en tiendas de alimentos. Y al menos 27,000 beneficiarios del TPS son dueños de negocios y creadores de empleos.