Los estados mexicanos de Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Zacatecas han impuesto penas de entre los cuatro meses y los dos años de prisión a la mujer que aborte de manera voluntaria siempre y cuando ‘no tenga mala fama’. Si un juez considera lo contrario, las penas pueden ser de hasta cinco años.

Para la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, el aborto es un tema de salud pública y de justicia social, por lo que no debe ser considerado un delito. Menos que se utilicen conceptos como ‘mala fama’ para juzgar a la mujer que tome esta decisión.

Solo el Distrito Federal ha despenalizado el aborto hasta la semana 12 de embarazo. En las otras entidades, el único motivo de aborto legal es si se comprueba una violación. También hay otras causales que contemplan las reyes regionales que es si la vida de la madre esté en riesgo, que el feto tenga malformaciones o que el aborto sea espontáneo.

Tras la despenalización del aborto en Ciudad de México, los 17 de los 32 estados del país modificaron sus constituciones para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Esto habría elevado la criminalidad y la persecución de las mujeres.