Desde que el Senado de Texas aprobó el proyecto de ley SB4, la tensión y la atención se posó en la Cámara de Representantes, ya que esta ley puede ser aprobada o modificada en su seno. El proyecto ha sido polémico desde que fue presentado, ya que de convertirse en ley se podría, entre otras cosas, destituir del cargo a funcionarios que no se apeguen y contribuyan con las acciones de los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE). Es el caso de Sally Hernández, sheriff del Condado Travis, quien rechazó aceptar solicitudes de detención de inmigrantes sin una orden firmada por un juez.

De aprobarse tal como está redactada hasta el cierre de esta edición, la SB4 también permitiría que oficiales de policía le pregunten a cualquier persona cuál es su estatus legal en este país.

Tras una larga audiencia en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas, los legisladores escucharon poco más de seiscientos testimonios de organizaciones civiles y líderes del estado que apoyan o se oponen a esta propuesta. El Comité prometió algunos cambios al proyecto de ley para tratar de disminuir su impacto negativo en la comunidad. Entre estos cambios, se hizo hincapié en que los policías sólo deben preguntar el estatus legal a una persona si ésta es detenida.

El problema es que el proyecto de ley, que también propone acabar con las ‘ciudades santuario’, cuenta con el apoyo del Gobernador Greg Abbott, del vicegobernador Dan Patrick y de la mayoría de legisladores en la Cámara Baja. Su aprobación es casi un hecho.

Se espera que el controvertido proyecto pase a votación final en el pleno de la Cámara de Representantes en abril. De ser aprobado, pasaría al escritorio del Gobernador Abbott en mayo para ser decretado como ley. Su aplicación sería inmediata.