Si la Administración Trump pone punto final al Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras y Haití, como temen muchos activistas, la decisión perjudicaría a Estados Unidos y también a los países que se benefician de las remesas que envían sus inmigrantes. Para evitarlo, decenas de organizaciones civiles de varios Estados de la Unión lanzaron una campaña nacional con la finalidad de salvar el TPS que beneficia a más de 300,000 inmigrantes centroamericanos, para quienes piden su legalización permanente.

Según un informe de la Universidad de Kansas, la eliminación del TPS podría provocar pérdidas de 45,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos; la pérdida de ingresos al Gobierno Federal por 6,900 millones; y cerca de 1,000 millones de dólares en costos directos para los empleadores.

Según ese estudio, el 93.9% de los hombres y el 82.1% de las mujeres beneficiados por el TPS participan en la fuerza laboral estadounidense, principalmente en los sectores de construcción y de servicios, y contribuyen al Seguro Social.

El 80.3% paga impuestos sobre sus ingresos; el 79.3% trabaja por su cuenta; y el 90% declaró impuestos el año pasado. Además, cerca de un 32% es dueño de una casa, y el 30% participa plenamente en grupos y actividades en sus comunidades.

La eliminación del TPS también afectaría a las economías de sus países, ya que eliminaría las remesas que envían para el sustento de sus familias. Cerca del 77% de los beneficiarios del TPS envía remesas a sus países, con un promedio mensual de 303 dólares entre los hombres, y de 226 dólares entre las mujeres.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que evaluará ‘caso por caso’ la renovación del TPS para cada país.

El temor de varias organizaciones proinmigrantes es que la Administración Trump deje de renovarlo cuando venzan los plazos para Honduras, El Salvador y Nicaragua.