Un grupo de campesinos del centro de México observa inmóvil el paso de un convoy militar por sus campos de lechugas, coles y cebollas, mientras los uniformados les miran preguntándose quiénes de ellos son en realidad espías de las poderosas pandillas de ladrones de combustibles. La dimensión del problema puede apreciarse en cifras: el número de tomas clandestinas pasó de 186 en 2012 a 2,683 hasta el 31 de marzo de 2017. El año pasado la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió 6,837 tomas, según cifras oficiales. Este tipo de robo le ha costado unos 2,410 millones de dólares a Pemex.

El peligro detiene a pocos, porque robar combustible es muy lucrativo.

Los ‘picadores’ ganan 10,000 dólares por perforar el grueso poliducto en menos de 20 minutos y hasta 8,000 dólares por sostener la manguera mientras se llenan los contenedores de una camioneta que puede cargar hasta 4,000 litros. Los niños llegan a cobrar hasta 500 dólares al mes por dar la voz de alarma cuando se acerca la policía o el Ejército. Los ‘huachicoleros’ (ladrones de la gasolina) instalan puntos de venta en cualquier sitio. Venden al menudeo y al por mayor, a veces a plena luz del día cerca de las carreteras.En Tepeaca hay un campamento militar que funciona como centro de control equipado con drones, helicóptero, avioneta y sistemas computarizados que vigilan la presión de los ductos durante la transportación. Si hay un contratiempo, se emite una alerta sonora y se despliega una antena de 25 metros con sensor, detector de calor y visión nocturna con un alcance de seis metros hacia cada lado. Los militares consideran que gran parte del problema son las policías estatales y municipales, que no han hecho trabajo preventivo con la población y que, en muchos casos, son cómplices de este delito.