La contratación y reubicación de decenas de jueces federales no ha logrado detener la acumulación de casos y retrasos en las cortes de inmigración, y las soluciones inmediatas no se ven a la vista.

Según la Asociación Nacional de Jueces Migratorios, los jueces de inmigración se enfrentan a una avalancha de casos sin precedentes y con recursos insuficientes para hacer frente a la acumulación de estos procesos extremadamente complicados (NAIJ).

El aumento de arrestos de personas por parte de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la Administración Trump ha incrementado el caudal de casos que llegan a las cortes hasta en un 23% con relación a marzo de 2016, cuando los números se acercaban a medio millón. Actualmente hay 610,524 casos en los casi 60 tribunales de inmigración del país y los expertos aseguran que no hay nada que detenga esta espiral.

Los retrasos también representan un doble o triple trabajo para los jueces que debido al tiempo entre cita y cita requieren que las pruebas y otros documentos sean actualizadas. Las presentaciones se vuelven mucho más voluminosas y requieren mucho tiempo para revisar.

Se debe sumar a esta situación el aumento de detenciones de inmigrantes por parte de los agentes del ICE, que han recibido instrucciones de actuar contra todos los indocumentados con los que se crucen, tengan o no antecedentes criminales.

La solución a este problema es tan compleja como el problema mismo. Para lograr la aplicación de justicia se necesita que las cortes de Inmigración sean independientes. Los tribunales pertenecen al Departamento de Justicia, dirigido por el Secretario Jeff Sessions, entidad que también alberga a los fiscales del Servicio de Inmigración

Sessions ha prometido contratar más jueces para ayudar con la acumulación de casos y poder obtener un aumento en el número de deportaciones. A pesar de eso, con las ochenta nuevas contrataciones se ha alcanzado una cifra cercana a los 300 jueces, que deben atender unos 2,000 casos, por lo que se necesitarían 600 magistrados más y varias decenas de funcionarios. Para los expertos en el tema, la solución más conveniente es una reestructuración profunda que provenga desde el Congreso de la Unión, que permita que los tribunales de inmigración sean neutrales.