El Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó un par de memorándum en los que dispone la captura y deportación de indocumentados aunque estos no tengan antecedentes criminales. La cabeza del DHS, John Kelly, anunció que su dependencia contratará a 5,000 nuevos empleados para la Guardia Fronteriza (CBP) y a 10,000 empleados para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con la finalidad de cumplir los objetivos trazados por la Casa Blanca.

Las circulares del DHS también describen planes para aplicar una antigua cláusula de la ‘Ley sobre Inmigración y Nacionalidad’ (INA), que permite al Gobierno Federal deportar a México a los inmigrantes detenidos cruzando la frontera, independientemente de su nacionalidad. No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros en su territorio. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles en Estados Unidos y por funcionarios del gobierno mexicano.

Las disposiciones del DHS también anuncian que harán efectivos programas como el de ‘Comunidades Seguras’, que usaba huellas dactilares recabadas en las cárceles para identificar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país. En este apartado, se espera una ardua batalla legal, ya que diversas comunidades en el país se quejaban de que la policía local era excesivamente agresiva en su trato a los indocumentados.

Como es de conocimiento público, la mayoría de autoridades de las ciudades en las que viven los indocumentados se han negado a colaborar con la política migratoria de Donald Trump, aduciendo que ellos son parte activa y productiva de esas urbes. Según datos del Pew Research Center, en Texas se ubican tres de las veinte ciudades con mayor población indocumentada: Houston (575,000); Dallas (475,000) y Austin (100,000). En las tres, las autoridades locales se han negado a hostilizar a hombres y mujeres sin papeles. Es justamente en estas ciudades donde el ICE pondrá mayor énfasis.

Afortunadamente, no todas las disposiciones del DHS son hostiles a la inmigración indocumentada. Por el momento, la Administración Trump no parece dispuesta a modificar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron con sus padres a Estados Unidos cuando eran niños. Sin embargo, se desconoce si el DACA se mantendrá como está, será modificado o si se cancelará en el futuro.