Si el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva que castigue a los residentes permanentes por el uso de beneficios federales, millones de inmigrantes legales podrían perder esos beneficios e incluso ser castigados por haber recibido (o por llegar a recibir) algún tipo de ayuda del Gobierno Federal, como el WIC, por ejemplo, que beneficia a 1.4 millones de residentes permanentes; o el SNAP, que favorece a 890,000 residentes.

Se trataría de la aplicación mucho más severa de un reglamento que está vigente desde 1999, en base a una ley que se aprobó a mediados de los noventas, y que prohíbe a un residente legal volverse una ‘carga pública’. Además del WIC y del SNAP, otros programas federales (Medicaid, TANF, SSI y CHIP) podrían ser utilizados contra los residentes legales si accedieron a éstos en los primeros cinco años de tener su ‘green card’.

A pesar de que los estudios siguen dando evidencias de que las familias inmigrantes reciben menos beneficios públicos por razones de bajos ingresos (mean tested) que las familias de los ciudadanos, la orden supuestamente está destinada a combatir el ‘abuso’ de estos beneficios por parte de los inmigrantes. AGENCIAS