Sally Hernández cumplió su promesa de no detener a inmigrantes indocumentados sin la orden de un juez, pero esta nueva política pone en peligro los fondos de la oficina del Sheriff del Condado Travis

Ella lo prometió en campaña y, a pesar de la controversia, la mayor parte de la población votante del Condado Travis apoyó las propuestas de Sally Hernández y la eligió como nueva Sheriff. La oficial electa había anunciado que, de ganar, cambiaría la forma de cooperar con ICE.

El pasado 20 de enero, Hernández hizo pública su nueva política en materia migratoria explicando que no mantendrá detenida a una persona que haya recibido una fianza o libertad por parte de un juez, simplemente porque las agencias federales migratorias lo pidan. “Si consideran que el sujeto representa un peligro para la comunidad, pueden solicitar una orden de detención a través de un juez. Sin una orden no vamos a mantener a una persona detenida, eso sería pasar por encima de la autoridad de otro juez”, indica en un video publicado por su oficina en Youtube.

Además, la nueva Sheriff del Condado Travis asegura que no le preguntará a ninguna persona su estatus migratorio si están colaborando con una investigación, ya sea como testigos o víctimas. “Nuestro enfoque es la seguridad pública y si no tenemos la confianza de toda la comunidad, no podemos garantizar la seguridad, no podemos empujar a nadie a vivir en las sombras y con miedo a cooperar para resolver un crimen”.

Mientras Hernández asegura que su política en materia de inmigración fue creada pensando en los derechos civiles de quienes viven en el Condado Travis y con estricto respeto a la Constitución, haciendo hincapié en que su oficina ahorrará mucho dinero al evitar detenciones innecesarias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que su postura es ilegal y acusa a la Sheriff de ‘cooperar’ en convertir al condado en una ‘ciudad santuario’.

Abbott también amenazó con recortar el financiamiento regional a la Oficina del Sheriff, eliminando los casi dos millones de dólares que el estado le provee a esta agencia de seguridad local, y hasta pidió a los representantes y senadores estatales aprobar leyes que pudieran revocarla del cargo si no cambia su posición.

El mismo Donald Trump, quizás sin conocer el conflicto que se vive en Texas, firmó una orden ejecutiva que elimina los fondos federales a las oficinas de las ciudades y condados que no cooperen con las agencias federales de inmigración y que asuman políticas de ‘ciudades santuario’. Varias agencias locales en Austin y Travis sufrirían un recorte presupuestario de decenas de millones.

Aunque la polémica se torna más viva cada día, Hernández también tiene el apoyo de oficiales locales y estatales. Tal es el caso de un grupo de representantes estatales que han asegurado públicamente que harán todos sus esfuerzos por impedir que se apruebe una ley que castigue las políticas de la Sheriff.

“Amenazar a Hernández con removerla de su oficina y eliminar el muy necesitado financiamiento al condado es una exageración y una falta de respeto a su autoridad. Ella continuará cooperando con las agencias migratorias honrando las órdenes de arresto, pero su posición en el tema es un equilibrio entre la seguridad y los derechos constitucionales de los residentes del Condado Travis”, dice una carta firmada por los representantes estatales Eddie Rodriguez, Donna Howard, Celia Israel y Gina Hinojosa.

La misiva destaca que no hay en Texas una ley que permita que se cumplan las amenazas de Abbott y esperan que no se aprueben en ningún momento. “Respetuosamente le pedimos que deje a la Sheriff del Condado Travis hacer su trabajo”, insistían los legisladores.

Sin embargo, el 1 de febrero, Abbott canceló un paquete de millón y medio de dólares que afectará las actividades de la Oficinas del Sheriff del Condado Travis.

Racista e inconstitucional

La representante estatal Gina Hinojosa declaró a El Mundo Newspaper que “las oficinas y cuerpos de seguridad locales, incluyendo la Oficina del Sheriff, conocen mejor cómo mantener seguras a nuestras comunidades. Cuando ella (Sally Hernández) dice que la seguridad pública depende de la confianza entre los profesionales de la seguridad y las comunidades inmigrantes, confío en su juicio y opinión. Estoy en contra de los esfuerzos del gobernador y del Estado de entrometerse en el trabajo de los cuerpos de seguridad”.

Por su parte, el miembro del Concejo Municipal de Austin, Greg Casar, dijo que “los intentos de coerción de Trump a los departamentos de policía local, para convertirlos en agentes de inmigración que deporten y rechacen a los refugiados de países mayoritariamente musulmanes, es un acto racista, inconstitucional y peligroso para la seguridad pública”.

Para Casar, la amenaza de sacar a Sally Hernández de su puesto es ridícula, especialmente porque ella es una autoridad electa en un proceso democrático. “Él no es el emperador de Texas y la población de nuestro estado no permitirá semejante atrocidad contra la democracia”.

Casar asegura que cuando la policía actúa como agente migratorio, los miembros de la comunidad que no tengan un estatus migratorio adecuado no cooperan con la autoridad, no reportan crímenes ni sirven de testigos.

“Nuestras ciudades están más seguras cuando nuestros oficiales se enfocan en su trabajo y nos protegen del crimen. Nuestros oficiales electos han jurado proteger a la población y por eso muchas agencias se han negado a ser parte de los programas federales que los convertirían en agencias de inmigración. En lugar de rechazar refugiados y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios, nuestros líderes federales deberían enfocarse en transformar y solventar nuestro sistema migratorio. En Austin no permitiremos chantajes ni amenazas, vamos a proteger a nuestros residentes y a los recursos de todas las oficinas locales. La ley está de nuestro lado, la historia está de nuestro lado y lucharemos por nuestros principios”, asevera Casar.