El Gobierno Federal ya aplica las leyes migratorias con total rigurosidad en diversas partes del país, aunque en Texas no se perciban sus acciones. Todas las personas que viven en este país, incluidos los indocumentados, tienen derecho a un proceso judicial justo. Sin embargo, la Administración Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para que los inmigrantes irregulares no puedan quedarse en este país.

La novedad más reciente es que la oficina Enforcement and Removal Operations (ERO), una dependencia del Immigration and Customs Enforcement (ICE), ha definido las ocho categorías de inmigrantes que son prioridad para esa agencia federal: Aquellas personas que ingresaron como indocumentadas al país; los extranjeros que ya tengan órdenes de deportación; los indocumentados deportados que hayan reingresado al país; los turistas con visas vencidas; los estudiantes con visas vencidas; todos los indocumentados que tengan antecedentes penales; los residentes legales o personas con ‘green card’ que tengan antecedentes penales y que pudieran estar sujetas a deportación; y los ciudadanos naturalizados que hayan cometido fraude para obtener ese beneficio.