Las pandillas callejeras son una de las principales amenazas para la seguridad pública y nacional de este país, según la Administración Trump, pero las autoridades federales no hacen lo suficiente por erradicarlas del territorio nacional. Los responsables de la búsqueda y arresto de inmigrantes irregulares se han concentrado en aquellos que no representan una amenaza contra la sociedad, utilizando la peligrosidad de estas catervas para justificar el endurecimiento de la política migratoria.

El problema es que esa estrategia permite el crecimiento de estos hampones. En la supuesta ofensiva contra las pandillas, Trump y su gabinete han centrado los ataques (y la retórica) en la Mara Salvatrucha, a sabiendas de que no es la única banda activa en este país. Otros grupos delincuenciales callejeros que deberían ser diseminados son La Mafia Mexicana, que cuenta con unos 30,000 miembros en todo Estados Unidos, tiene una presencia activa en Texas; Los Sureños, de comprobada presencia en veinte Estados de la Unión (incluida Texas); y el Barrio Azteca, cuyos integrantes operan principalmente Nuevo México y Texas. Todas estas forajidas camarillas se dedican a la venta de droga, trata de personas, extorsión, asesinatos a sueldo y fraude. Los operativos del ICE deberían tener la prioridad de enfocarse en esta gente.