El pasado 15 de agosto, activistas y grupos de jóvenes inmigrantes de todo el estado alzaron su voz de protesta en contra de las políticas antiinmigrantes como la ley SB4, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre; al mismo tiempo, exigían la protección de los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Ken Paxton, el procurador general de Texas, y el gobernador Greg Abbott, han decidido atacar a la comunidad inmigrante junto con otros republicanos aquí en el estado. El 15 de agosto se cumplió el aniversario de cuando se logró el DACA, un programa que durante los últimos cinco años ha proporcionado protección contra la deportación a casi 800 mil jóvenes inmigrantes en todo el país y les ha brindado la oportunidad de obtener educación superior, puestos de trabajo dignos y estabilidad, no sólo para ellos, también para sus familias y sus comunidades”, comentó para El Mundo Newspaper, Julieta Garibay, cofundadora y directora de United We Dream.

Una serie de manifestaciones y caravanas se realizaron en diferentes ciudades a lo largo y ancho del país, incluyendo Austin. “Les demostramos que, a pesar de querer atemorizarnos, no lo van a lograr. DACA es un programa que ganamos gracias al empuje de los jóvenes y nosotros seguiremos luchando por mantenerlo”, advirtió Garibay.

Aunque el presidente Trump y John Kelly, jefe del Gabinete de la Casa Blanca, han expresado su simpatía por los ‘dreamers’, la decisión final por mantener vigente el programa no está dada. Es oportuno recordar que, en diferentes ocasiones, Donald Trump se ha referido al DACA y al DAPA como ‘las dos amnistías ejecutivas ilegales del presidente Obama’, a pesar de que la segunda nunca entró en vigencia.

“Así como Obama firmó la acción ejecutiva que dio vida al DACA, de la misma forma Trump puede eliminarlo. Por eso la incertidumbre existe”, dice Garibay y agrega: “Pase lo que pase, nuestra comunidad no se dejará; nos estamos organizando para apoyar al DACA y para oponernos rotundamente a la ley SB4”.

Diversas ciudades se han unido contra la ley que obligaría a la policía local a preguntar por el estatus legal a cualquier persona ‘sospechosa’ de ser ‘ilegal’, además de defender a la comunidad indocumentada y a los beneficios migratorios vigentes. “Austin, Houston, San Antonio y Dallas se han unido a la demanda contra la SB4. En United We Dream estamos coordinando para salir a las calles otra vez, y para hacer valer nuestra presencia en las urnas. Estamos preparando programas para promover el voto y también seguimos con la lucha en la Corte. Hay diferentes caminos y estamos luchando en donde podamos hacerlo”, asevera Garibay.

También el TPS

Otro programa que se encontraría en la mira del Gobierno Federal es el TPS, permiso temporal humanitario que protege a las personas de los países que han sido golpeados por catástrofes naturales o guerras civiles, como El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua; también se benefician del programa los países africanos Guinea, Liberia y Sierra Leona, cuyos permisos expiraron en mayo pasado. La oficina de Seguridad Nacional recientemente adelantó que el futuro del programa es incierto, especialmente para Haití, país al que solo le renovarán el permiso por 6 meses y no por los 18 como era costumbre.

“La Administración Trump también está pensando eliminar este beneficio migratorio y para nosotros es inaudito. Sabemos que si eliminan el TPS y el DACA no sólo afectarán a los inmigrantes que son beneficiados por estos programas, también habrá repercusiones mayores en sus comunidades. Estos programas no tienen un camino a la ciudadanía, simplemente son permisos de trabajo, que los eliminen es preocupante porque tendrá un efecto negativo en la historia de la inmigración en este país”, concluyó Julieta Garibay.

DEBE SABER:

Texas y otros nueve Estados de la Unión buscan entablar una demanda contra el DACA y el plazo para hacerlo está a la vuelta de la esquina. Hasta el cierre de esta edición, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han manifestado que defenderán ese programa migratorio, cuya vigencia dependería de los tribunales de justicia, a menos que la Administración Trump lo invalide el próximo 5 de septiembre.