¿Falta de recursos? ¿Discriminación? ¿Ignorancia? ¿Error humano? La razón que da origen a la historia de la pequeña Isabella Peña puede no estar clara, pero la larga batalla para lograr que le ofrezcan la ayuda que necesitaba pudo haberse evitado.

¿De qué se trata? Muchos lectores se resistirán a creer que a Isabella le negaron la educación especial que necesitaba, un tipo de asistencia que, por ley federal, debe ser proveída a todo estudiante con discapacidad.

Sus necesidades pueden pasar desapercibidas a primera vista: Isabella es una niña de 8 años que disfruta de jugar con sus hermanos y amigos, a la que le nace consentir a su mascota y a quien le gusta estudiar matemáticas. Pero la niña ha sido diagnosticada con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) y hace apenas unas semanas también fue confirmada su dislexia (dificultad de aprendizaje de la lectoescritura).

La madre de Isabella, Andrea Peña, sabe que no es la única que pasó por esta penosa situación en el Centro de Texas, pero es la primera que levanta su voz en muchos años para ir en contra de lo que considera una injusticia del sistema, algo que podría ser más común de lo pensado.

Esta historia comenzó cuando la niña entró a kinder en la escuela Purple Sage de Round Rock. “Su maestra nos dijo que era muy tímida y no participaba en la clase. Cuando le pregunté si algo le pasaba a la niña, me dijo que nadie la entendía cuando hablaba y que por eso prefería quedarse callada”, cuenta su madre Andrea Peña.

Se trataba de un problema físico: Isabella tenía un problema de frenillo lingual y se sometió a cirugía cuando estaba más pequeña. Sus padres decidieron entonces proveerle terapia del habla y la escuela también les ofreció terapias durante un par de meses, pero demoraron más de sesenta días en proveer este recurso.

Isabella logró avanzar a primer grado y luego a segundo, pero los problemas comenzaron de nuevo, esta vez ya no por su dicción, sino por la lectura. “A finales del 2015 su maestra, Karla Laurence, me comentó que la niña iba retrasada en lectura. Yo lo había notado y había hablado con alguien que me sugirió la posibilidad de una evaluación de dislexia y solicitar un Plan 504. Se lo mencioné a la maestra y me dijo que no lo creía necesario porque mi hija se veía ‘normal’”, relata Peña.

Un Plan 504 es un derecho establecido por las leyes federales, que permite que estudiantes con ciertas discapacidades –que no califican para un plan individualizado (IEP) y no necesitan asistir a una escuela especial– puedan ser atendidos de acuerdo a sus necesidades específicas. Por ejemplo, un menor con déficit de atención puede ser ubicado en la primera fila para evitar distracciones y se le puede permitir tiempo extra para culminar sus asignaciones.

Para entonces, la pequeña Isabella no tenía ningún diagnostico y quizás eso llevó a la maestra a cometer el error de no ver esta medida como necesaria; pero la preocupación de su madre y las falencias académicas eran entonces una señal de que alguna evaluación especial era necesaria.

El segundo NO

El retraso académico continuaba en el aprendizaje de Isabella y en marzo del 2016 su madre volvió a hablar con su maestra. En esta ocasión, la escuela convocó a una junta para hablar sobre la posibilidad de retener a la niña en segundo año y volver a cursar ese grado. Andrea y Eliasib, sus padres, no creían necesaria tal medida debido a que aún había tiempo. “El año escolar aún no terminaba y existía la posibilidad de llevarla a la escuela de verano para que se nivelara”, dice Eliasib Peña, padre de Isabella.

La madre explica que pocos días antes de la junta volvió a hablar con la maestra quien reiteró que no consideraba necesario un Plan 504. “Durante la junta volvimos a mencionar esta medida, pero la directora, Sara Nelson, dijo que por las ausencias que había tenido no nos podían aprobar esta ayuda”.

La ley estipula que si un padre solicita por escrito una evaluación de su hijo, la escuela debe proveerla y, de acuerdo a los resultados, también deben ofrecer las facilidades necesarias.

Al escuchar la historia que narra la familia Peña, queda claro que la escuela no incumplió con la ley debido a que no existía una solicitud escrita, pero el deber moral de las autoridades escolares y docentes era ofrecer de inmediato la información y orientación para que la madre conociera sus derechos y pudiera aplicarlos de la forma debida.

La tercera falla

Luego de la junta con el personal administrativo de la escuela, la familia Peña llevó a la niña a una evaluación médica. La pediatra Stephanie Key firmó el diagnóstico en el que se descubrió su ADHD y recomendó la aplicación de un Plan 504, además de someter a la pequeña a una evaluación neuropsicológica. Con esta solicitud escrita, la escuela aceptó implementar el Plan 504, que incluía, entre otras cosas, sesiones de lectura individuales, darle más tiempo para que completara sus asignaciones y evitar distracciones en el salón de clases.

“En mayo nos reunimos para firmar el Plan y en esa junta le comenté a la maestra que había consultado con más de cien doctores de Austin, San Antonio, Houston y Dallas para saber si podían hacer la evaluación neuropsicológica bilingüe y si aceptaban nuestro seguro médico. La directora no habla español por lo que le preguntó a la maestra qué estábamos hablando; la maestra tradujo lo que yo decía pero ninguna de las dos se ofreció a ayudarme”, cuenta Andrea Peña, quien luego descubrió que los distritos escolares ofrecen estas evaluaciones siempre que el padre o madre de familia las solicita por escrito.

Debido a la falta de información, no fue sino hasta octubre del 2016 cuando finalmente logró que la escuela la ayudara a practicar la evaluación, pero los resultados indicaron que Isabella no tenía ningún tipo de necesidad especial. “No nos conformamos con esos resultados y solicitamos una evaluación privada. Los resultados preliminares indican que Isabella tiene dislexia, pero estamos a la espera del informe detallado”.

Decenas de padres de todo el estado cuentan historias similares, reflejando que en muchas ocasiones las evaluaciones proveídas por los distritos escolares no arrojan resultados confiables.

La lucha

Andrea Peña se negó a retirar a su hija de la escuela para inscribirla en otra, ya sea pública o charter. En lugar de eso, decidió denunciar lo que considera una injusticia.

La aguerrida madre solicitó una apelación ante el Distrito Escolar Independiente de Round Rock contra la decisión de la escuela de retener a su hija en segundo grado. La apelación fue negada en nivel I, II y III, cuando asistió y compartió su caso frente a la Junta Directiva del distrito. Aunque debieron resignarse a aceptar la retención y la pequeña cursa actualmente el segundo grado por segunda vez, la lucha no terminó ahí. Durante este tiempo, Andrea Peña conoció organizaciones sin fines de lucro que luchan para evitar que a ningún niño, sea cual sea su necesidad especial, se le niegue la atención que necesita.

Con este respaldo, Andrea Peña acudió en marzo pasado a la discusión sobre la HB713 en el Senado de Texas, proyecto de ley que busca eliminar los límites de registro en educación especial y reformar el sistema. En abril volvió al Capitolio, esta vez para compartir su historia ante la Cámara de Representantes. Andrea se convirtió así en la voz de su hija y en la de cientos de niños que atraviesan las mismas circunstancias.

Su mensaje a otras madres hispanas es claro: infórmense sobre sus derechos, no se conformen con un ‘no’ y luchen sin descanso por los derechos y por la educación de sus hijos.

La respuesta oficial

Sara Nelson, directora de la escuela Purple Sage, atendió la consulta de El Mundo Newspaper, y nos explicó que, por respeto a las leyes de protección a los niños, no podía ofrecer detalles sobre algún estudiante, por lo que no pudo confirmar o negar la historia que aquí presentamos.

Maritza Gallaga, directora asociada del departamento de Comunicación y Relaciones Comunitarias del Round Rock ISD, también señaló que si la escuela o el distrito revelan detalles sobre este caso, estarían violando leyes federales. Gallaga ofreció una declaración oficial escrita en la que asegura que “el Distrito Escolar Independiente de Round Rock trabaja para garantizar que cada niño reciba un plan individual de aprendizaje y apoyo con programas y recursos que los ayuden a ser exitosos”.

La respuesta del distrito explica que, para establecer un Plan 504, el niño o niña debe ser sometido a una evaluación que determine una discapacidad mental o física. “Cualquiera puede referir al niño a evaluación, incluyendo a los padres, los maestros o un doctor. El proceso debe comenzar con una solicitud escrita del padre y se ofrece sin costo alguno (...) los alumnos que no califican para este plan reciben intervenciones especiales con profesores que les proveen el apoyo necesario”.

La declaración escrita de la escuela Purple Sage no respondió la pregunta de si alguna vez el distrito le ha negado este recurso a alguna familia.

No es la primera vez

En el 2016, el diario ‘Houston Chronicle’ reveló una serie de investigaciones que dejaron en evidencia cómo muchas escuelas son negligentes con las necesidades de algunos niños. Existen, de acuerdo a esa investigación, dos razones: presupuesto y límites de educación especial.

Desde el 2014, muchas escuelas dejan de proveer educación especial a los alumnos y alumnas con discapacidades menores debido a que si más del 8% de los estudiantes forma parte de programas especiales, pueden ser sometidos a auditorias estatales.

De acuerdo a la investigación del ‘Houston Chronicle’, decenas de miles de niños con problemas como bipolaridad y déficit de atención con hiperactividad (ADHD) no reciben la atención que necesitan, para permitir que otros con problemas más serios puedan ser parte de ese 8%.

En la Cámara

La Legislatura de Texas ya tuvo dos audiencias públicas para tratar el proyecto de ley HB173, que busca eliminar los límites de los porcentajes de educación especial y garantizar que estos recursos puedan ser administrados a todo niño que los necesite. Se espera que la ley sea sometida a votación en la Cámara de Representantes en las próximas semanas. Algunos representantes estatales proponen que también se haga una investigación para saber quién o quiénes son los responsables de haber negado atención a los estudiantes que necesitaban ayuda. Durante la presente sesión legislativa, un total de 16 proyectos de ley proponían reformar el sistema de la educación especial en Texas.